Juez electoral dispone archivar denuncia contra Alembert Vera y Marcela Aguiñaga

Son acusados de haber cometido una infracción electoral en la campaña para llegar al CPCCS. El fallo aún es susceptible de apelación

El juez del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), Guillermo Ortega, negó este 11 de septiembre de 2023 la denuncia que por presunta infracción electoral fue presentada en contra de Alembert Vera y Marcela Aguiñaga en su calidad de candidato al Consejo de Participación Ciudadana y representante del movimiento Revolución Ciudadana, respectivamente.

El reclamo es impulsado por los abogados Esteban Guarderas y Felipe Jijón quienes acusan a Vera de haber recibido abiertamente ayuda del correísmo durante la campaña para ser elegido vocal del Consejo de Participación, pese a que existe prohibición expresa de que los candidatos para esa dignidad sean auspiciados por partidos políticos.

Específicamente, a través de las redes sociales en donde los principales dirigentes del correísmo recomendaban a su militancia por quién votar. Además, que Vera y otros candidatos de esa línea aparecían promocionándose en redes con los mismos colores y frases similares a las de la Revolución Ciudadana.

Pese a ello, el juez Ortega llega a la conclusión, basado en el propio Código de la Democracia, que las redes sociales no pueden ser consideradas medios digitales. Además, que al ser difundidos los mensajes por estas plataformas no se puede coartar la libertad de expresión y que su uso “escapa al poder regulatorio del Estado central”.

Tanto Guarderas como Jijón esperaban obtener un resultado favorable que se traduzca en la destitución de Vera que actualmente es el presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) y en sanciones administrativas contra Aguiñaga.

Precisamente, la actual prefecta del Guayas fue de las primeras en reaccionar a la decisión del juez Ortega. “La razón no pide fuerza. Hoy, la justicia se ha puesto del lado de la verdad y ha negado una denuncia sin fundamento. Que nada nos distraiga del trabajo que hacemos por ustedes, queridos guayasenses”, escribió.

El juez contencioso ordena en su providencia el archivo de la causa. Sin embargo, esta decisión puede ser apelada por los denunciantes, lo que obligaría a tener un nuevo juez ponente que genere una sentencia de segunda y definitiva instancia.